Corría 1997 y la aerolínea bandera de Venezuela, Viasa, estaba a punto de desaparecer en las manos de Iberia. Poco antes de eso, un reportaje de «El Nacional» rescata las últimas gestiones por intentar reestatizar la empresa para salvarla del ocaso, que finalmente ocurrió ese mismo año.
Nota de febrero de 1997
El procurador general de Venezuela, Jesús Petit Da Costa, invitó a los trabajadores de Viasa a «hacer un esfuerzo para salvar la aerolínea» y convertirse en accionistas de 20% del capital social de la compañía, tal como se establece en toda privatización, como parte de la «solución deseable» que implicaría la continuación del binomio administrativo Iberia-Viasa, la cual se gestiona ante el gobierno español.
No obstante, recomendó al Ejecutivo readquirir la empresa y reprivatizarla en un año, si no aparece un nuevo socio. «Salvar a Viasa es un desafío nacional y los venezolanos tenemos que demostrarnos a nosotros mismos que servimos para algo, logrando que empresas emblemáticas podamos conservarlas» dijo en ese minuto.
Petit Da Costa calificó de «mala» la administración de la compañía por parte de los ejecutivos de Iberia, y responsabilizó al equipo privatizador del ex presidente Carlos Andrés Pérez de haber realizado con Viasa un «negocio amañado». Lo anterior frente a las decisiones de Iberia y el FIV de no inyectar más dinero, y a la de los trabajadores de apoyar al Gobierno para lograr la recuperación de la aerolínea.
Tras mencionar razones de orden sentimental, mercantil, y de seguridad y defensa para salvar a Viasa, destacó que lo que se requiere es no convertir un asunto de negocios en un juicio penal. Recomendó a los jueces de esa jurisdicción «abstenerse de intervenir en Viasa, hasta tanto sus accionistas terminen sus negociaciones».
Solución deseable
El procurador general expresó que si los jueces quieren presos, «los responsables de este desastre son el ex presidente Carlos Andrés Pérez y su equipo de colaboradores, quienes amañaron la subasta para venderle la empresa a Iberia, en perjuicio de los intereses nacionales».
Explicó que durante la privatización de Viasa, en 1991, vendieron 60% de las acciones por US$ 1.245 millones 500 mil dólares, pero después de la adjudicación rebajaron el precio a 99 millones de dólares. Luego el FIV, por reposición de capital, habría perdido cerca de 50 millones de dólares.
La venta resultó en 49 millones de dólares, según sus cálculos, por lo que cuestionó que ahora se le exija a la República que ponga una suma mayor. Asomó que después de las negociaciones y de conocer la pérdida total que asuma la Nación, se decidirá -previo estudio- si procede alguna acción civil.
Responsabilizó también a los accionistas nacionales por convalidar una mala administración durante años. Citó como otro error que Viasa fuese vendida a una competidora en su mejor ruta, Caracas-Madrid. Según Petit, el problema de Viasa es «heredado», razón por la cual se pronunció por una solución inmediata.
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